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Contexto


Hasta el 23 diciembre del año 2010 la persona jurídica respondía civilmente de manera directa y solidaria de determinados delitos cometidos por sus administradores (de hecho o de derecho), y de forma subsidiaria por aquellos cometidos por sus empleados. A su vez los administradores de la empresa respondían personalmente, por acción u omisión, en función del delito cometido.



Después de la fecha inidicada entra en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de Reforma del Código Penal y la persona jurídica comienza a ser penalmente responsable de determinados delitos cometidos por sus directivos o empleados en el ejercicio de su cargo.



Por último, el pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, la cual ahonda más en aquellas cuestiones que integran esta responsabilidad penal, concretamente, los elementos que deben concurrir para que la empresa pueda quedar exonerada de responsabilidad, reconociéndose esta vez de forma expresa una eximente. Como condición para que pueda darse esta situación, se exige que con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica haya adoptado e implementado, de forma eficaz , un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.


1

Delito

Delitos suceptibles de comisión por personas jurídicas

2

Actos relevantes

Actos cometidos por trabajadores, directivos u operadores relevantes a tal efecto

3

Falta de control

4

cometidos en su provecho

Resultado

Investigación de la persona jurídica

CULPABLE